PROPUESTA

Más competencia con el consumidor al centro

Un SERNAC con nuevas facultades
  • 1.
    Fortaleceremos la institucionalidad e independencia técnica de SERNAC, liderado por un Consejo y ampliando sus facultades preventivas, fiscalizadoras, regulatorias y sancionatorias.
  • 2.
    Conformaremos un único sistema integrado de protección al consumidor, reforzando la coordinación del SERNAC con todos reguladores sectoriales
  • 3.
    SERNAC-Pyme: Extenderemos las facultades de SERNAC en caso infracciones a Ley de Protección del Consumidor que involucren a Pymes.
Una Fiscalía Nacional Económica (FNE) con un importante rol regulatorio
  • 1.
    Exigiremos a los organismos del Estado que liciten la asignación de monopolios y contratos de alto valor, un informe previo vinculante de la Fiscalía Nacional Económica respecto a condiciones competitivas de las respectivas bases de licitación.
  • 2.
    Exigiremos un pronunciamiento obligatorio del Gobierno respecto de las recomendaciones de la FNE, lo que fomentará la transparencia en la toma de decisiones, permitiendo eliminar distorsiones innecesarias.
Una nueva agenda en materia de abusos unilaterales
  • 1.
    Facilitaremos las acciones colectivas por parte de grupos de empresas o asociaciones de consumidores afectados por conductas unilaterales. En otras palabras, estableceremos un “class action de libre competencia” para PYMES y consumidores respecto a empresas que tienen posición dominante y abusan mediante prácticas unilaterales.
  • 2.
    Invertiremos la carga de la prueba en favor de los demandantes, facilitando el desarrollo de los procesos de este tipo de ilícitos. También unificaremos el régimen de prescripción de conductas anticompetitivas.
  • 3.
    Aumentaremos sanciones en casos de no entrega de información a la Fiscalía Nacional Económica.
  • 4.
    Promoveremos reglas más expeditas de obtención de pruebas de los futuros demandados, a través de consultores independientes y miembros designados por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia que, salvaguardando la confidencialidad de la información, permitan a los futuros demandantes tener acceso a evidencia directa sobre posibles conductas abusivas.
Adaptándonos a la era digital y al open data
  • 1.
    Implementaremos una economía de Datos Abiertos tal como lo han hecho países como Australia, reconociendo el derecho de los consumidores a disponer de la información sobre sus transacciones y contratos almacenada por distintos oferentes del mercado: industria financiera, retail, energía, telecomunicaciones y previsional para que, con su consentimiento expreso, ésta pueda ser consultada en forma ágil y segura por otros proveedores que les puedan ofrecer mejores alternativas de productos y servicios.
  • 2.
    Situaremos la Clave Única del Registro Civil como el principal mecanismo de identidad digital que pueda ser utilizado y reconocido ante instituciones públicas y actores de sector privado, partiendo por instituciones financieras.
  • 3.
    Facilitaremos el acceso a mecanismos de firma electrónica que permita autenticación expedita para contratación en forma electrónica.
Más y mejor inclusión financiera
  • 1.
    Desarrollaremos un Depósito Central de Garantías e Hipotecas de acceso abierto y basado en tecnología que permita a los usuarios del sistema financiero mover o transar sus garantías e hipotecas con mucho mayor facilidad y menor costo;
  • 2.
    Facilitaremos información sobre indicadores de Salud Financiera: incluiremos en informes de deuda y reportes comerciales información que permita conocer el nivel de endeudamiento y alertar sobre los riesgos asociados, impulsando a una mejor toma de decisiones por parte de los consumidores.
  • 3.
    En contratos de crédito, reemplazaremos el foco en Carga Anual Equivalente, de difícil comprensión, por un concepto más intuitivo como el Costo Total de Crédito.
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