Descentralizar la política medioambiental para permitir una mayor flexibilidad ante las diversas situaciones del país y buscar soluciones locales a problemas globales. En este espíritu se debe incorporar explícitamente en las competencias y obligaciones municipales materias de cambio climático y restauración del medioambiente.

Actualizar la institucionalidad relativa a aguas y medioambiente. En el primer caso, esto involucra la creación de una Subsecretaría de Aguas y unificar el funcionamiento de organismos como la DGA, DOH y CNR. En medioambiente, robustecer la Superintendencia del Medioambiente en sus capacidades de evaluación y fiscalización, ampliando las actividades sobre las cuales ejerce su capacidad sancionatoria, así como también estableciendo incentivos al cumplimiento ambiental. En este mismo espíritu se deben levantar plataformas de información en materia de aguas y medioambiente, destinadas tanto a privados como a organismos públicos.

Integrar al diálogo a los distintos usuarios en materia de aguas, sin distinción de rubro o tipo de derecho de agua. Asimismo, se debe instruir a la ciudadanía respecto a la situación hidrológica del país, tanto a nivel de cultura general como técnico —en institutos profesionales y universidades— a modo de poder formar a los administradores hídricos del futuro.

Apostar por una economía circular, identificando las oportunidades de sinergia a lo largo de la cadena de producción y consumo. Con ello, promover una cultura de reciclaje a través de campañas de educación y la inversión en la infraestructura necesaria, así como también un consumo más sustentable. La industria sanitaria es parte fundamental para el desarrollo de estrategias que permitan la reutilización del agua, tratamientos terciarios y distribución a sectores estratégicos, por lo que se deben generar planes y establecer plazos para alcanzar la economía circular en esta industria.